| En Pinamar, separan de su cargo al yerno de Altieri |
|
Voceros de la dependencia conducida por Diego Bossio informaron a La Nacion que el ahora ex jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) fue reemplazado por la empleada de carrera Gabriela EchevarrÃa. Fuentes oficiales indicaron que, si bien el funcionario fue removido, conservará un empleo en la Anses. Tras las denuncias de irregularidades en la adjudicación de la unidad N° 4, el Instituto de la Vivienda provincial (IVBA) habÃa ordenado desalojar el inmueble Reverón está casado con Elena MarÃa Altieri, hija del destituido intendente Blas Altieri, y ocupan la casa N° 4 del complejo.
En marzo, el IVBA habÃa detectado irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, como la falta de ocupación real y efectiva, la existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios y falsedad en declaraciones juradas. Asà consta en la resolución N° 1099, firmada por el entonces titular del organismo, Gustavo Aguilera, quien ordenó "desadjudicar" a 22 de los 25 beneficiarios del complejo. Según explicaron en el IVBA, la medida obedece a que nunca se concretó el cambio de dominio a favor de los beneficiados ni se otorgó el final de obra. Pese a que la decisión del Instituto de la Vivienda implica el desalojo, la medida está aún en suspenso, ya que varios de los afectados interpusieron recursos administrativos y judiciales para impedir el desalojo. Hace tres semanas, el abogado de la FiscalÃa de estado provincial, Enrique GarcÃa Urcola, desestimó el planteo de varios adjudicatarios objetados que rechazaron la decisión del IVBA. El organismo ahora debe notificar esa decisión y dar por cerrado el trámite administrativo. Varios entredichos previos habrÃan provocado la remoción de Aguilera, quien hace poco más de un mes fue reemplazado por Pablo Sarlo. Voceros del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos dijeron a LA NACION que "no hay plazos" para ejecutar la resolución que supone el desalojo de las viviendas y, eventualmente, un nuevo proceso de adjudicación. En su dictamen, Aguilera tuvo en cuenta una causa penal iniciada hace dos años en Mar del Plata, en la que se acusa a Altieri de constituir una asociación ilÃcita dedicada al lavado de dinero. Del expediente surge que los apoderados de la Fundación Eco-Pinar, encargada de la construcción y hoy desmembrada, eran Carlos Eduardo Oricchio y Luis Abruzzese, ambos con lazos comerciales con el ex jefe comunal. El fiscal Pizzo ordenó, hace dos semanas, allanar la casa y el corralón de propiedad de Altieri de donde secuestraron documentos y una PC. Fuente: La Nación Noticias dpinamar.com.ar
|